Mapa de los Estados Unidos que destaca a los estados con legislación right-to-work (derecho a trabajar), casi los mismos que ganó Donald Trump en la elección presidencial. By Scott5114 (This file was derived from: Right to work.svg) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons.
Dicen en el condado de Harlan
que no hay neutrales allí
serás un sindicalista
o un matón de J.H. Claire
¿De qué lado están los chicos?
¿De qué lado estás?
Which Side Are You On?
Canción sindicalista tradicional
Florence Reece, 1931
EN LA RENEGOCIACIÓN del TLCAN, Estados Unidos y Canadá han puesto sobre la mesa la competencia desleal que representan los bajos salarios en México y el sindicalismo corporativista mexicano.
Canadá usa un argumento similar respecto a Estados Unidos y sus leyes conocidas como right-to-work (derecho a trabajar). Durante la segunda ronda de negociaciones, Canadá pidió que EU legisle a nivel federal para impedir a los gobiernos estatales promulgar tales leyes.
Bajo esta legislación, los trabajadores tienen facultad de gozar los beneficios otorgados por el contrato colectivo negociado por el sindicato, incluido el derecho a que este lo represente ante el patrón, de ser necesario, sin pagar cuotas sindicales. Por tal motivo, estas leyes diezman las finanzas de los sindicatos, merman su capacidad de expansión y reducen su influencia política.
La paradoja de Trump estriba en que mediante su discurso proteccionista accedió al poder en parte a costa de aquellos trabajadores desplazados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tanto criticó en campaña, y que algunos en su momento gozaron de buenos salarios y prestaciones negociados a través de acuerdos sindicales.
Wisconsin, Pennsylvania, Michigan y Ohio, tradicionales enclaves demócratas con centros manufactureros y sindicatos fuertes votaron a favor de Trump.
Entrevistado para la radio en febrero del año pasado en Carolina del Sur durante las primarias republicanas, Trump dijo: «Hemos tenido un gran apoyo de los trabajadores [sindicales], de las personas que trabajan, de los verdaderos trabajadores, pero me encanta el derecho al trabajo. Me gusta más porque es más bajo [costo]. Es mejor para la gente. Usted no paga las altas cuotas a los sindicatos. Los sindicatos cobran grandes cuotas. Mucha gente no se da cuenta de que tiene que pagar muchos honorarios. Estoy hablando de los trabajadores. Tienen que pagar grandes cuotas al sindicato. Me gusta porque da mucha flexibilidad a la gente. Da una gran flexibilidad a las empresas».
El 3 de febrero, Sean Spicer, vocero de la administración reiteró esta postura cuando Josh McElveen, presentador de la estación WMUR-TV de New Hamshire preguntó, “Dada la opinión favorable del gobierno sobre [las leyes] right-to-work, ¿participa activamente en ese esfuerzo? Y si no, ¿cuál es en general el mensaje de la Casa Blanca? Spicer confirmó lo dicho por Trump, y añadió, “Obviamente, el vicepresidente ha sido un campeón de esto también. Es algo que es importante en Indiana”, donde Pence fue gobernador, “y que él ha defendido también.
Un estudio de los economistas Elise Gould and Will Kimball para el Instituto de Política Económica (Economic Policy Institute) publicado en abril de 2015 encontró que “los salarios en los estados con [leyes] RTW (right-to-work) son más bajos, en promedio, que los salarios en los estados sin RTW. Como se muestra con gran detalle en [el estudio de] Gould y Shierholz (2011), estos resultados no sólo se aplican a los miembros del sindicato, sino a todos los empleados en un estado. Cuando los sindicatos son fuertes, la compensación aumenta incluso para los trabajadores que no están cubiertos por ningún contrato sindical, ya que los empleadores sin sindicato enfrentan la presión de la competencia para igualar los estándares sindicales. Del mismo modo, cuando los sindicatos están debilitados por las leyes de RTW, todos los trabajadores de un estado sienten el impacto”.
Mark Mix, presidente del Comité Nacional del Derecho al Trabajo (National Right to Work Committee) tiene un punto de vista contrario. “El derecho a trabajar debe adoptarse simplemente sobre la base de la protección de la libertad sindical de cada trabajador, pero las ventajas no terminan ahí. Ensalzar la libertad en el lugar de trabajo también trae ventajas económicas significativas a los 28 estados que han aprobado leyes right-to-work”.
El origen de estas leyes es racista. En 1936, Vance Muse, un cabildero de la industria petrolera (calificado por su propio nieto como «Un supremacista blanco, un antisemita, y un cebador de comunistas») fundó en Houston la Asociación Cristiana Americana (Christian American Association) que abanderó el término right-to work como eslogan político, idea originada por un editorialista del Dallas Morning News, quien el Día del Trabajo de 1941 pidió una enmienda constitucional que acabara con la prerrogativa de los sindicatos de instalar “tiendas cerradas” donde sólo los miembros del sindicato gozaban de sus beneficios.
Promulgadas por primera vez en Florida en 1943, a partir de la campaña del Congreso de Organizaciones Industriales (Congress of Industrial Organizations) contra las leyes segregacionistas Jim Crow al final de la Segunda Guerra Mundial y la rápida expansión de los sindicatos en los 40, los racistas sureños se movilizaron para que más estados las aprobaran.
Hoy día se encuentran vigentes en 28 estados. Dos entraron en vigor este año, el más reciente Missouri y en febrero dos congresistas republicanos presentaron una iniciativa de ley federal right-to-work.
Estas leyes se encuentran vigentes en casi todos los estados donde los republicanos controlan los poderes ejecutivo y legislativo, sin embargo, en febrero el congreso de New Hampshire no sólo rechazó sino pospuso indefinidamente la ley aprobada por el senado y que gozaba del apoyo del gobernador, el republicano Chris Sununu bajo el argumento de que debilitaría a los sindicatos, perjudicaría a los trabajadores y no impulsaría la economía del estado.
Igual que México se opone a que sus socios se entrometan en sus añejas prácticas laborales, no parece probable que la administración Trump acceda a la petición de los canadienses.
Este miércoles, las senadoras demócratas Elizabeth Warren, Sherrod Brown y Kirsten Gillibrand presentaron una iniciativa de ley para prohibir en todo Estados Unidos las leyes right-to-work. «Si queremos proteger a los trabajadores y esperar una igualdad de condiciones en los acuerdos comerciales internacionales, tenemos que empezar en casa», dijo Warren, «y eso significa prohibir a los estados imponer restricciones que impiden a los trabajadores unirse para luchar por su futuro”. Dado que los republicanos tienen mayoría en el Senado, es difícil que se apruebe.
